El juez Sebastián Casanello notificó que la ministra de Capital Humano no presentó una estrategia para hacer que los 5,9 millones de kilos de productos lleguen a quienes más lo necesitan. La orden del magistrado es que se reparta toda la comida, no solo aquella que está por vencerse.
Mientras un coro de funcionarios, incluido el presidente Javier Milei, salía a respaldar a la ministra Sandra Pettovello que lleva casi seis meses sin entregar alimento a los comedores y merenderos comunitarios, el juez Sebastián Casanello le informó a la Cámara Federal que el Ministerio de Capital Humano incumplió su orden de presentar «un plan de distribución» de los 5,9 millones de kilos de productos que están «almacenados» en los galpones de Villa Martelli y Tucumán «en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino», según precisa la notificación. El magistrado le había dado un plazo de 72 horas, que se vencieron este viernes por la mañana. La única documentación presentada es la que contiene el listado de toda la mercadería, su fecha de adquisición y de vencimiento, lo que reveló la existencia de 339.867 kilos de leche en polvo que vencen en julio, además de 40 kilos de arroz con hortalizas vencidos en febrero, entre otras cosas.
¿Qué reparto?
Capital Humano había anunciado en un comunicado que «se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente». Esto es lo que hizo publicitar Pettovello para calmar las aguas, mientras buscaba estrategias para enfocar culpas en un grupo de funcionarios, encabezados por Pablo de la Torre, ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. La realidad es que en tribunales, donde debe rendir cuentas por cortar la distribución de alimentos a organizaciones sociales y por el cargamento que tiene guardado desde que asumió el gobierno libertario, no presentó ningún documento que explique cómo hará el reparto. De acuerdo a la orden de Casanello no debe entregar solo la leche que está por vencer sino todo lo que hay disponible, aunque lo haga en forma escalonada.
“Yo no puedo alegrarme hasta que se cumpla el objetivo. La verdad es que el fallo judicial es muy claro, ellos tenían que presentar un plan de entrega y no lo hicieron. El Ejército puede hacer la logística, pero después la leche hay que dársela a los chicos. No es tan fácil, tenés que conocer», advirtió y ofreció su ayuda el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana), quien hizo en febrero la denuncia que dio origen a la causa judicial que compromete a la gestión de Pettovello e impulsó un amparo en el fuero contencioso. «Hay que mantener un flujo permanente en los comedores porque un pibe que no come dos meses es un pibe que no puede aprender y la comida es algo que no se discute», explicó. Con el paso de las horas cuestionó: «Esta gente no entra en razón. No respeta al ser humano ni a la ley. Siguen jugando con el hambre de la gente«.
El gobierno, con el argumento de que lo que se discute no es un tema judiciable, había apelado la resolución de Casanello, quien concedió ese recurso dejó en claro que la medida ordenada no se suspendía. La Sala II de la Cámara Federal convocó a una audiencia para el miércoles que viene. Por eso el juez le informó a ese tribunal el incumplimiento, mientras evalúa otras medidas y una declaración lisa y llana de desobediencia. El oficio dice textual: «No se ha dado cumplimiento ni se ha solicitado prórroga o suspensión respecto de la medida ordenada en el punto «II» de la resolución del 27 de mayo del año en curso –la presentación de un ‘plan de distribución de (los) alimentos (almacenados) en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino’– por parte del Ministerio de Capital Humano, pese a estar notificado y tras haberse vencido el plazo otorgado para su presentación».
Esto puede complicar a Pettovello en el frente judicial. La querella –que es la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros– pidió que le apliquen a la ministra «astreintes», una suerte de multa, por 300.000 pesos por cada día que desobedezca la orden judicial. Un grupo de religiosos, entre ellos el cura en opción por los pobres Francisco «Paco» Olveira reclaman que la ministra renuncie.
