Hasta la oposición amigable dice que el encuentro con los genocidas es inaceptable. Pedidos de Unión por la Patria y de abogados de lesa para que se avance en el proceso de remoción.
El escándalo por la visita de un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros genocidas presos en Ezeiza sigue escalando y promete traerle algún dolor de cabeza a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja. La oposición amigable le reclamó que tome alguna medida con el sexteto que empatiza con quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron personas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su parte, denunció penalmente a Beltrán Benedit, el legislador que organizó la excursión hasta la Unidad 31, y deslizó también que debería investigarse a las autoridades de la Cámara de Diputados por haberles dado a los visitantes una combi para que se desplazaran hasta el penal.
El despacho de Menem fue escenario de una reunión con los presidentes de los bloques dialoguistas para discutir la reforma política que impulsa el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Menem estaba respirando aliviado cuando alguien recordó que no habían tratado el tema que está en boca de todos: la visita que el 11 de julio pasado hicieron los diputados Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci a los genocidas presos.
Menem buscó sacarse de encima el asunto, ante el reclamo de los diputados del PRO, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, que pidieron que, al menos, los llamara al orden. Contestó que creía que no correspondía el repudio y que, en todo caso, el encuentro con los genocidas no representaba la opinión del gobierno de Javier Milei –que dice que los crímenes de la dictadura fueron “excesos” en el marco de una “guerra”.
A pesar del intento oficialista de bajarle el tono al escándalo, los repudios se siguen apilando. El bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió que se conforme la comisión especial para evaluar la consulta de los seis diputados. “Es necesario tomar medidas ejemplificadoras”, demandaron.
En una línea similar, el colectivo Mario Bosch –integrado por abogados y abogadas que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad– le solicitó al Congreso que se inicie el proceso para la remoción de los seis diputados. No los consideran hábiles para representar el voto popular. Desde ese mismo grupo, pidieron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informe cómo se gestó la visita, ya que de ella depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La versión que circula es que el organizador fue Fernando Martínez, director del SPF.
–Cómo se gestó, eso me gustaría saber– se quejaba ayer uno de los jueces que tiene detenidos a disposición suya en la Unidad 31. Es una respuesta que posiblemente también se le pida a los tribunales.
En Comodoro Py, la CPM –con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García– presentó una denuncia contra Benedit después de que se conociera un chat en el que reivindicaba su encuentro con Astiz y compañía. En ese mensaje, rechazaba llamarlos represores y decía que son “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. También afirmaba que los juicios son una farsa y llamaba a denunciar a los jueces que condenan y mantienen encerrados a los genocidas.
Para la CPM, existe una obligación del Estado de sancionar a quienes hacen apología de los crímenes, más aún si son funcionarios públicos. El organismo también afirmó que debería investigarse la cesión de la combi por parte de la Cámara de Diputados porque podría constituir una violación a los deberes de funcionario público.
En paralelo, Historias Desobedientes –que reúne a familiares de represores que reclaman memoria, verdad y justicia– hizo saber su rechazo a la excursión a la Unidad 31. “No es casualidad que se trate de diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, familiar obediente de genocidas que desde hace años opera desde los lugares más oscuros de la sociedad reivindicando el accionar criminal de las Fuerzas Armadas y de seguridad en años de dictadura”.
El diputado socialista Esteban Paulón, por su parte, presentó un proyecto para que Diputados reafirme su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. En 2010, la Cámara había dicho que los juicios son una política de Estado, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero, en estos catorce años, pasaron demasiadas cosas.
Fuente Pagina 12
