La hora es más que grave. Estamos en emergencia institucional y hay que hablar claro. La decisión de un Juez venal ordenando la detención de ex funcionarios del anterior Gobierno y pidiendo el desafuero y arresto de la recientemente consagrada senadora y ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, excede lo específicamente jurídico, consistentemente refutado por los especialistas más reconocidos sin distinción de banderías partidarias.
El juez Bonadío es tan sólo el ejecutor, desde la Justicia, de un plan de persecución política a la oposición orquestado desde la cumbre del Gobierno. Mauricio Macri es el mentor y responsable de esta locura que encamina al país a una nueva etapa autoritaria de la cual ya habían sido victimas opositores al actual gobierno aun en nuestro distrito y que luego de las elecciones se manifiesta con rasgos brutales: presos políticos, cercenamiento de la libertad de expresión, persecución de dirigentes gremiales y sociales, una política económica que castiga a los sectores más débiles, la injerencia descarada del Poder Ejecutivo sobre la Justicia y lo más doloroso del pasado, represión y muerte.
Un gobierno de origen legal ha abierto las puertas a un Estado de excepción. Pensar políticamente desde la ambigüedad o desde neutralidades contemplativas nos conducirá a todos, sin distinción de posiciones, a tiempos pretéritos que creíamos definitivamente desterrados.
El Frente Popular 25 de Febrero condena la maniobra gubernamental que desprecia los fundamentos de la Democracia y convoca a sumarse al estado de alerta generalizado ante el atropello al que está siendo sometida la sociedad en su conjunto.