El magistrado sostuvo que “no resulta posible aceptar una recomendación genérica para todo el universo de jueces y casos”. El juez porteño Jorge de Santo hizo lugar a un amparo presentado por la ONG Usina de Justicia y declaró inconstitucional una acordada de un tribunal que recomendaba “extremar los recaudos para ayudar a la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria” en el marco de la pandemia por el coronavirus.
En su fallo, el magistrado sostuvo que “debe primar la independencia de los jueces” para que cada uno se expida “conforme a derecho, en base a la sana crítica”. En este marco, agregó que no “puede admitirse ninguna recomendación genérica que encomiende a todos los jueces bajo su esfera una determinada conducta si el abanico procesal contempla distintas soluciones conforme cada particularidad del caso”
De Santo sostuvo que “la independencia del juez es absoluta y no puede estar limitada ni acotada a recomendaciones que emanen de un tribunal superior”. “Por ello, más allá que nos encontramos ante una situación social y mundial compleja, no resulta posible aceptar una recomendación genérica para todo el universo de jueces y casos”, sentenció.
La acordada en cuestión es la 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional porteña del 23 del mes pasado. La misma, en el marco de la pandemia de Covid-19, recomendaba a los magistrados “extremar los recaudos para ayudar a la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo”.
El fallo también apoya la presentación de la asociación civil «Usina de Justicia» y afirma que se podría «caer ante una inseguridad jurídica» al eludir la participación de las víctimas de los delitos, tal como lo establece la Ley Nacional 27.372 (De Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito).
Además, recuerda que se siguieron los protocolos del Ministerio de Salud para evitar una propagación del Covid-19 y que, por lo tanto, «en modo alguno se ha incrementado el riesgo de contagio o propagación del Covid-19 dentro de la sociedad carcelaria».
El 25 de abril, el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, ya había declarado la inconstitucionalidad de una recomendación similar de la Cámara de Casación Penal Nacional, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria de una presa condenada por narcotráfico.
