La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (Aajep) planteó hoy que «deben respetarse las decisiones judiciales fundadas para morigerar la prisión», excepto para los casos de «delitos graves» y entendió que «la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos» a raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus, constituye «una afectación directa a la independencia judicial”. A través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, la Aajep pidió que se respeten «las decisiones judiciales vinculadas a morigerar las prisiones preventivas de presos que conformen los grupos de riesgo ante la pandemia del coronavirus».
“Soportar en este contexto de crisis la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos e impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos, -por el contenido de las decisiones jurisdiccionales adoptadas- constituye sin dudas una afectación directa a la independencia judicial”, denunció.
En este sentido, indicó que los jueces tienen la «responsabilidad de impartir justicia y de hacerlo sin presiones, con calma y responsabilidad».
«Debemos velar por la aplicación la ley en relación a todas las partes, en resguardo del debido proceso y todas las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el bloque de convencionalidad”, señala el texto.
Allí, los jueces de ejecución penal también plantean que «deben respetarse las decisiones judiciales fundadas, adoptadas para morigerar la prisión, con exclusión de delitos graves, en contemplación de los grupos de riesgo indicados por las autoridades sanitarias, así como también toda otra medida que asegure el distanciamiento social, en miras de asegurar el derecho a la salud, evitar contagios y una repentina ocupación sanitaria; y la promoción de las medidas preventivas dentro de las cárceles”.
En su pronunciamiento público, difundido a través de las redes sociales, la Aajep sostiene que, como organización que nuclea a jueces y juezas nacionales y provinciales, prentende «llevar claridad ante los intercambios mediáticos y políticos en relación a la cuestión carcelaria frente al Covid-19, convencidos de que la crisis institucional no puede primar sobre los principios básicos de un Estado de Derecho, menos aún en el transcurso de una pandemia”.
En este sentido, los magistrados afirman que “desconocer la evidencia científica y las circunstancias acaecidas en otros países del mundo, tanto como proponer mediáticamente soluciones de imposible concreción en nuestro país, conforman una irresponsabilidad manifiesta”.
Además, aclaran que “siempre” debe mediar la “intervención de defensores y fiscales, quienes representan a la persona condenada, al Estado y a la víctima; estas últimas de acuerdo al ordenamiento nacional y de cada provincia, cuentan con reconocimiento y representación”.
