El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca dio a conocer un comunicado en la tarde de hoy para aclarar que la justicia no le dará curso a las denuncias que se hayan realizado o se puedan realizar en relación con el pedido del pase sanitario en entidades crediticias, comercios e instituciones, ya que lo están solicitando en cumplimiento con la norma que en ese sentido dictó el Gobierno provincial y no está configurado delito alguno. En las últimas horas hubo varias quejas de usuarios de entidades crediticias en ese sentido.
“Por ejemplo bancos han pedido el pase Covid o pase sanitario para permitir acceder a los inmuebles para ser atendidos. Frente a la denuncia de esto queremos aclarar que no hay allí un delito de acción pública, con lo cual no tenemos que intervenir nosotros porque no hay ningún delito”, afirmó Juan Pablo Fernández al ser consultado desde la redacción de La Brújula 24.
“Las entidades o comercios lo hacen en cumplimiento de una norma administrativa que se presume en principio legítima, más allá de lo reprochable que pueda llegar a ser en su constitucionalidad. Lo que no se le puede atribuir un delito a la entidad o comercio porque lo hace en cumplimiento de una norma”, agregó.
El jefe de los fiscales aclaró que “no todo choque de derechos es un problema penal”. “Siempre hay colisión de derechos en dos partes que van a litigar. En todo caso lo que tiene que hacer aquella persona que se sienta vulnerada en sus derechos, es acudir por la vía correspondiente, pero no es la fiscalía ni el fuero penal el que va a resolver todos los problemas de la sociedad”, señaló.
El comunicado de prensa
“En relación a la exigencia del llamado ‘pase libre covid’ o ‘pase sanitario’, se informa que dicho requerimiento, por parte las instituciones, entidades y comercios para su ingreso por parte del público, se ajusta a la Resolución Conjunta N° 460/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que, por ser un acto de la administración pública provincial, se presume legítimo. Por consiguiente, del cumplimiento de esa exigencia por parte de tales entidades y comercios, no surge la posible comisión de un delito que amerite la intervención de este Ministerio Público Fiscal”, se indicó en el comunicado.
“Eventualmente, la disconformidad con tal medida de la administración pública deberá canalizarse por las vías correspondientes, ajenas a la intervención del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Bahía Blanca”, concluyó.
