El juez que investiga la colaboración del gobierno de Macri con el golpe contra Evo Morales buscar reconstruir cómo se organizó el traslado desde Buenos Aires.
Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia
La justicia busca reconstruir cómo fueron las horas previas a que las 70.000 balas que terminaron en poder de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales se embarcaran en el Hércules C-130 que las trasladó, junto con un contingente de gendarmes, hasta Bolivia. Por eso el juez que investiga el contrabando de armas durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejandro Catania, citó a brindar declaración testimonial a los efectivos de Gendarmería que trasladaron los pertrechos hasta el aeropuerto de El Palomar y prepara –según pudo saber Página/12– las citaciones para los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que subieron las cajas con municiones al avión.
Catania terminará la semana próxima con la ronda de declaraciones testimoniales que brindaron los primeros gendarmes que estuvieron en La Paz entre noviembre de 2019 y enero de 2020. Hasta ahora, en lo sustantivo, todos los efectivos dijeron que no usaron las balas mientras estuvieron en el Estado Plurinacional y que mucho menos hicieron ejercicios –como habían sostenido las jerarquías de la Gendarmería para justificar el abultado faltante–.
Sin embargo, hubo un gendarme que aportó datos novedosos en la causa: se trata del suboficial mayor Juan Carlos Zarza, quien relató que fue convocado para integrar un grupo de Gendarmería que viajaría a Bolivia para dar seguridad en la embajada y en la residencia del embajador. Lo novedoso de la declaración de Zarza es que detalló el camino que hicieron las cajas con las balas que después terminarían en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía local.
Zarza relató que el contingente de Gendarmería salió a bordo de una camioneta Iveco Daily de la fuerza. Allí, cada uno llevaba el arma primaria y el arma secundaria que le habían asignado: un fusil y una pistola. Pero en otro furgón similar iban unas “cajas blancas” que ocupaban casi la totalidad del vehículo. Zarza no recordó si las cajas tenían alguna leyenda. Otros gendarmes habían dicho que las cajas decían Fabricaciones Militares.
Fueron los propios gendarmes quienes tuvieron que subir las cajas a la camioneta y quienes las bajaron al llegar al aeropuerto de El Palomar, desde donde salió el Hércules con rumbo hacia Bolivia. Según Zarza, en el aeropuerto se separaron los gendarmes de las cajas. “Quedaron en un depósito”, le explicó al juez Catania. “Quedaron ahí y el personal de la Fuerza Aérea nos dijo que saliéramos afuera porque no era correcto que estuviésemos ahí”, amplió el suboficial mayor de Gendarmería.
«Ahí hubo funcionarios de la Fuerza Aérea que vieron que las balas estaban en ese depósito y que se ocuparon que no figuraran en el manifiesto de carga del avión», apunta una fuente con acceso a la investigación.
El gendarme Zarza volvió a ver las cajas cuando subió al avión. Según relató, las trasladaron con una especie de tractor hasta el Hércules. No vio cómo las bajaban en El Alto ni cómo se repartieron entre la FAB y la policía local.
Siete horas para subir al avión
Carlos Ramón Bogado es otro de los gendarmes que llegó a Bolivia el 13 de noviembre. Él también recordó que habían viajado en la Iveco Daily, pero no tenía presente si había otra camioneta similar trasladando las municiones.
Lo que sí recordó Bogado es que los gendarmes estuvieron siete horas en El Palomar esperando para poder viajar. “Llegamos a las cinco de la tarde y el vuelo salió a las doce de la noche”, declaró.
El 12 de noviembre de 2019 fue un día agitado. Estaba previsto que el contingente de gendarmes viajara temprano hacia Bolivia pero todo se retrasó. El retraso probablemente estuvo relacionado con la salida de las 70.000 balas que inicialmente no estaba previsto transportar. La declaración de Bogado abona esa hipótesis.
Por la mañana de ese día, el canciller Jorge Faurie visitó a Macri en la Casa Rosada. Después de la reunión, Faurie firmó un pedido destinado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que se trasladaran gendarmes hasta La Paz. El pedido era, al menos, extemporáneo porque era un hecho que los efectivos viajarían –incluso el embajador en La Paz, que dependía de él, ya había gestionado permisos ante las autoridades bolivianas. Desde el gobierno de Alberto Fernández denunciaron que Faurie omitió subir ese pedido al sistema electrónico con el que se rige la administración pública.
Al mediodía se hizo una reunión en el despacho de Marcos Peña. Participaron Bullrich y varios de sus funcionarios en la cartera de Seguridad. Estaban, además, los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales. Entre ellos, se encontraba Gerardo Otero, comandante de Gendarmería. Otero fue el único que recibió a un ayudante mientras estaban reunidos. En ese ínterin, la fuerza le pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) sacar como complemento las 70.000 balas que iban a quedar en poder de las fuerzas bolivianas.
Al rato de que Bullrich salió de la Casa Rosada, el jefe de la agrupación Alacrán de la Gendarmería, Fabián Salas, avisó vía fax a la Fuerza Aérea que iban a llevar también las 70.000 balas. En esa comunicación, afirmó que era el armamento que la fuerza comúnmente utilizaba cuando era enviada fuera del país ante situaciones de violencia. Era curiosa la expresión porque un contingente similar salió hacia Chile para la misma fecha y no llevó esa cantidad de municiones ni viajó en un avión de la Aeronáutica, sino en un vuelo comercial.
De Campo de Mayo a Palomar
El foco de Catania está puesto en este momento en cómo salieron las balas de los galpones de la Gendarmería en Campo de Mayo y cómo llegaron a la base aérea, lo que podría dar elementos para entender quién dio las órdenes. Por eso, quiere escuchar entre el 6 y 7 de junio a quienes manejaron las Daily Iveco. Después de esas declaraciones, es probable que el juez convoque a quienes integraron la tripulación de la FAA como testigos. Los aeronáuticos son los que tuvieron contacto con las cajas de las balas desde que llegaron a Palomar hasta que las bajaron en el aeropuerto de El Alto.
El contingente argentino aterrizó el 13 de noviembre de 2019. Lo esperaba el embajador Normando Álvarez García y estaba también el agregado de Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, a quien desde el gobierno de Luis Arce señalan como quien coordinó la entrega de los cartuchos a la policía boliviana.
Según pudo reconstruirse, de las 70.000 balas 12/70 que salieron de la Argentina, 40.000 fueron a manos de la FAB. La policía se quedó con 26.900 cartuchos. Hay un faltante que podría haber estado en poder de otros grupos. Las balas que recibió la policía no se usaron: se encontraron el año pasado en un almacén de la fuerza cerca de La Paz. Aún no se sabe qué hizo la FAB con el material represivo que recibió por parte del gobierno de Macri y que su comandante, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradeció con entusiasmo al embajador Álvarez García.
Fue el hallazgo de la nota de Terceros Lara, hace ya casi un año, lo que destapó el escándalo del envío de armas a Bolivia y que derivó en la investigación que tiene imputados a Macri, Bullrich, Peña, Aguad, Faurie y Álvarez García, entre otros.
