Los planes de inclusión jubilatoria del kirchnerismo necesitan de nuevas leyes para que más de un millón de personas no queden al margen de ese derecho. Los proyectos en danza y las diferencias con lo que hizo Juntos por el Cambio.
En poco más de un mes, el 23 de julio, vencerá la moratoria previsional sancionada en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si no se renueva, miles de mujeres perderán la posibilidad de completar aportes y acceder a una jubilación plena. El Frente de Todos avanza con nuevos proyectos en el Congreso: uno para prorrogar la vigencia de ese plan y otro, más amplio, para sumar también a los hombres y extender los plazos de regularización de deudas previsionales. El objetivo es evitar que nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres a partir de este año tengan que conformarse con la PUAM, la Presentación Universal para el Adulto Mayor que creó el gobierno de Mauricio Macri, la cual significa una degradación en los derechos de los adultos mayores.
El Poder Ejecutivo, por ahora, deja hacer a los legisladores del oficialismo pero no dio indicios de cuál será la política. Solo la titular de la Anses, Fernanda Raverta, expresó un enfático apoyó el proyecto de ley para generar un plan de pagos para futuros jubilados. Se trata de una iniciativa de los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, quienes estuvieron acompañados en su presentación, a principios de mayo, por José Mayans y Juliana Di Tullio, autoridades del interbloque del FdT en la Cámara alta.
La propuesta busca dar solución a aquellas personas que ya alcanzaron la edad de retiro, 60 años las mujeres y 65 los hombres, pero no reúnen los 30 años de aportes para cobrar la jubilación. Son 742 mil personas: 447 mil mujeres y 295 mil varones. Las cifras fueron cotejadas con la Anses, explicaron los autores, quienes señalaron que la propuesta es que puedan saldar las deudas de aportes hasta diciembre de 2008, en planes de 1, 30, 60 y hasta 120 cuotas. El pago mensual será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible, y busca que en el mediano plazo se «robustezca» el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
La otra pata del proyecto es permitir a las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que ya saben que carecen de aportes suficientes, que puedan ir cubriendo ese bache desde este momento. Hay 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años y 327 mil varones de entre 55 y 64 años que podrían utilizar el beneficio y garantizarse la jubilación de manera anticipada. En la comisión de Previsión del Senado ya hubo reuniones de asesores y para la próxima semana se esperan avances más concretos en el tratamiento de la iniciativa.
La demanda política para dar este paso crece en espacios afines al Frente de Todos, con la organización de eventos y conferencias que buscan instalar el tema en la agenda nacional. En esa línea, la diputada Gisela Marziota (FdT) presentó otro proyecto de ley para prorrogar la moratoria de 2014 que vence el 23 de julio. «No mantener abierta la posibilidad de que miles de personas puedan acceder a la jubilación sería incumplir el contrato electoral de 2019», advirtió la legisladora.
De hecho, hasta el gobierno de Macri prorrogó ese instrumento en dos oportunidades, en 2016 y 2019, aunque lo hizo solo para las mujeres –los hombres fueron excluidos- y sin extender el límite de años a regularizar, que quedó clavado en diciembre de 2003. Aquellas mujeres que necesiten saldar deudas previsionales posteriores a esa fecha no pueden hacerlo y para ellas la moratoria se convierte en letra muerta.
La política de inclusión jubilatoria que desplegaron Néstor Kirchner desde 2005 y luego Cristina es uno de los hitos de reconocimiento de derechos sociales que tanto irritan a personajes como el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz. Permitió que más de 3,5 millones de personas se incorporaran al sistema previsional, con todos los beneficios añadidos. Sin esa decisión, cinco de cada diez personas en edad de retiro hubieran quedado al margen de la cobertura.
El gobierno de Juntos por el Cambio degradó ese plan de manera sistemática, guiado por el mismo argumento que ahora expuso el ministro de la Corte: los recursos no alcanzan. Como se indicó, lo primero que hizo fue dejar a un costado a los hombres del alcance de la moratoria de 2014, creada por la ley 26.970, con posibilidad de completar aportes hasta diciembre de 2003. Para ellos solo permanece en vigencia la moratoria que estableció Kirchner en 2005, pero su efectividad en la actualidad es acotada porque solo sirve para saldar deudas previsionales anteriores a septiembre de 1993.
En lugar de los programas para incorporar jubilados, la transformación estructural que produjo Juntos por el Cambio fue la creación de una figura de pensiones de segundo orden, que ya no son jubilaciones, sino pagos asistenciales que apenas alcanzan para evitar que los adultos mayores caigan en la indigencia. Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que perciben tanto hombres y mujeres que no pudieron completar los 30 años de aportes para jubilarse.
El monto de esta prestación es el 80 por ciento de la jubilación mínima: 30.020 pesos desde este mes, frente a los 37.525 del haber mínimo. En ambos casos los montos son absolutamente insuficientes, pero para nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres su destino a partir de este año será cobrar el ingreso más bajo, ya que no están en condiciones de jubilarse. Sin prórroga de la moratoria que está por vencer y, sobre todo, sin la sanción de una nueva, más amplia, la enorme mayoría deberá subsistir con la PUAM.
La PUAM, además, significó para las mujeres un alargamiento de cinco años para empezar a recibir ingresos. Tanto ellas como los varones la cobran desde los 65 años, pero antes, con las moratorias, las mujeres obtenían su jubilación a partir de los 60 e iban pagando las cuotas de los aportes adeudados con descuentos en el propio haber. Por otra parte, la PUAM no da derecho a pensión, por lo que frente al fallecimiento del titular, el o la cónyuge dejan de recibir ese dinero para sostener el hogar.
«Es importante que el Congreso esté analizando proyectos para reflotar las moratorias. Las ideas pueden ser perfectibles, pero lo importante es avanzar con planes de inclusión», indicó la especialista en derecho previsional Bárbara Schargorodsky. «Las declaraciones de Rozenkrantz ponen en evidencia lo difícil que es la pelea por el reconocimiento de derechos. Lo que dijo es causal de recusación frente a cualquier demanda que involucre el resguardo de derechos sociales para las mayorías», agregó su colega Federico Bobrovsky.
El Congreso tiene poco más de un mes para aprobar un nuevo mecanismo que garantice el acceso a la jubilación. Y el Poder Ejecutivo también lo debe impulsar. Es una promesa de campaña y un compromiso con la historia.
