El fiscal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, firmó una especie de cautelar y le dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que aclare la situación.
El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez dispuso una medida preventiva, similar a una cautelar, para hacer cesar «toda turbación o impedimento para la aeronavegación» en el Aeroclub Saldungaray, inutilizado desde hace unos días tras quedar envuelto en una puja por la posesión de las tierras.
«Ese tipo de pistas son alternativas y también de uso sanitario, con las licencias correspondientes, con lo cual, de ser necesario, se debería usar», explicó una fuente judicial.
Esto se dio en el marco de la presentación que, a través del abogado Hugo Fernández, realizó la semana pasada la comisión directiva de la entidad, luego de que la familia Leturia, dueña original del predio, tomara el mismo y colocara cadenas y candados.
El Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Walter López Da Silva, delegó la investigación en la Fiscalía Federal Nº 1.
En ese contexto, otra medida que ordenó el fiscal Martínez es darle intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que investigue e informe sobre la situación de las tierras (a cargo de quién están actualmente), el estado dominial y las habilitaciones, tanto con las partes en pugna como con las autoridades oficiales.
El aeroclub aclaró que no tiene el boleto compra-venta de la propiedad aunque, junto con la denuncia, adjuntó copia del acta de la asamblea general ordinaria del 31 de agosto de 1952, donde consta que esa propiedad fue adquirida a Santiago Leturia en 36 mil pesos, así como otro terreno, para levantar el hangar, que se compró a Hipólito Tisera en 6.965 pesos.
Fuente: La Nueva
