El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, sostuvo hoy que la continuidad del contrato de la distribuidora Edesur «merece un debate parlamentario serio» en el Congreso «para que la sociedad sepa quién está defendiendo este tipo de intereses».
«Me resultaría muy interesante ver la cara de quien no está de acuerdo» en la discusión sobre «la situación gravosa de Edesur y cómo fundamenta su continuidad, porque hay situaciones que tienen que estar ajenas a la cuestión política», expresó Martello a Radio 10, quien además relató su experiencia personal, ya que en su propio domicilio -localizado en el área de cobertura de la distribuidora cuestionada- también se cortó el suministro.
El funcionario se refirió a la decisión del Ente de enviar al Congreso, en los próximos 90 días, un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de Edesur, «y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión».
Al respecto, señaló que «en comparación con Edenor (la otra distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires), el tiempo de reposición es distinto».
«La temperatura no es la excusa, sino la falta de inversiones, aun cuando tuvieron, no hace tanto, casi un 3.000% de aumento en la tarifa», acotó.
Asimismo, manifestó que el plazo de 90 días que fijó el ENRE para enviar el informe al Congreso se debe a que «no se quiere dejar ningún flanco abierto» ante eventuales demandas judiciales de Enel, la controladora italiana de la empresa que adelantó su decisión de rescindir el contrato de concesión.
Martello indicó que en Enel «han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de la rescisión».
En ese sentido recordó que «en la etapa anterior (en alusión a la Presidencia de Mauricio Macri) todos los juicios ante el Ciadi fueron pagados al contado».
«No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer», planteó el interventor, al tiempo que recordó que a la compañía «le quedan 60 años de concesión».
Martello admitió que la discusión «se podría hacer por otra vía» pero defendió la instancia de hacerlo en el Congreso por entender que el contrato de Edesur «merece un debate parlamentario serio, que desnude las condiciones de cada uno de los grupos políticos en la Argentina, para saber dónde está parado cada uno».
«Sería interesante ver quién manifiesta la continuidad (del contrato) para que la sociedad sepa quién está defendiendo este tipo de intereses, por eso lo del Congreso», insistió el funcionario.
En un comunicado, el ENRE informó ayer que «la auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios en la reposición del servicio, incumplimientos estos que más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión».
En ese marco, Martello aseguró ayer a Télam que el organismo «va a sancionar» a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas.
«Estamos convencidos de que el anuncio de la venta y la salida del grupo Enel, que controla la empresa Edesur, no ha sido un buen anuncio en medio del verano porque se nota el agravamiento de los problemas de gestión. Es un problema de la empresa pero que afecta a los usuarios», concluyó el interventor.
