El tercer pago abarcará al Área Metropolitana de Buenos Aires y a la provincia de Chaco, pero podría ampliarse un poco más. El criterio principal es abarcar los distritos en «fase uno» de cuarentena, donde los beneficiarios del plan tienen más dificultades para sostener sus ingresos.
Además de apurar el paso para completar el pago de la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia, el Gobierno evalúa el alcance y el monto que tendrá la tercera cuota del beneficio, que según confirmó en declaraciones radiales la titular de la Anses, Fernanda Raverta, abarcará al Área Metropolitana de Buenos Aires y al Chaco, es es a aquellas zonas del país que volvieron a la “fase uno” de la cuarentena”.
Sin embargo, fuentes del organismo previsional no descartaron que la tercera cuota alcance también, aunque sea parcialmente a otros distritos. Dependerá de un “cruce de variables” relacionadas con la circulación del virus y la fase de cuarentena que estén atravesando las distintas provincias o localidades. La intención es definir todo esta misma semana.
Raverta ratificó que el pago de la tercera etapa «no es universal para todos, sino que va a ir a las zonas en donde la cuarentena vuelve a la fase uno o donde la situación está más complicada».
Inicialmente se había señalado que la tercera cuota del beneficio, que alcanzó a 8,3 millones de personas en la primera cuota y a 9 millones en la segunda, podría también incluir a Río Negro, pero esa posibilidad parece ahora descartada. Chaco, en cambio, es una provincia mucho más comprometida por la pandemia y es, también, la provincia del país en que el pago del IFE beneficia a una más alta proporción de la población provincial: 26,5%, según precisó un reciente estudio sobre los programas sociales del gobierno. En el promedio del pais, en tanto, el IFE (que alcanza a un miembro por familia) beneficia a 17,3% de la población. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, que es parte del AMBA) es el área de menor incidencia del beneficio respecto del total de la población, según calcularon los investigadores Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en un estudio sobre los programas sociales del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus.
Además, al restringirse el número de beneficiarios el Gobierno también estudia ampliar el monto del beneficio, que aumentaría 50% o más. Esto es, estaría en $ 15.000 o una suma algo superior, teniendo en cuenta que el retroceso a fase uno de las áreas donde residen los beneficiarios alcanzados implica a su vez mayores dificultades económicas y desafíos para mantener ingresos.
El IFE, destinado a monotributistas de categorías A o B, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y desempleados informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos, es el principal programa de ayuda social del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus y a las consiguientes cuarentenas, que impiden a gran parte de las personas ocupadas, sobre todo en el sector informal, procurarse sus recursos. Alcanza a un solo integrante de cada grupo familiar y prioriza a las mujeres. Su “costo fiscal”, precisa el estudio de Cetrángolo y Curcio, fue $78.543 millones (0,248% del PIB anual) en el primer mes.
El exacto alcance de la decisión de limitarlo geográficamente y aumentar el monto del beneficio, así como el costo fiscal, serán discutidos en el Gabinete Económico Social, que integran el ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Trabajo, Claudio Moroni, encabezados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vicejefa, Cecilia Todesca.
“Cuando el Gabinete lo decida, la Anses lo informará”, respondieron desde el organismo previsional, que además administra la gran mayoría de los programas sociales del Gobierno. “Cuando terminemos de pagar la segunda etapa recién ahí vamos a ver cómo es la tercera etapa del IFE, que está en revisión, había Raverta en sus declaraciones radiales.
La funcionaria también admitió que el gobierno tiene en agenda la eventual implementación de un “ingreso universal”, pero que no se trata de una discusión sencilla, porque sería mucho más que un plan. Para el Estado, significaría un compromiso fiscal permanente en un momento en que los recursos fiscales más escasean y cuando cerca de la mitad de las erogaciones mensuales del Tesoro son cubiertas con emisión monetaria del Banco Central.
Fuente Infobae
