La abogada María Agustina Petersen presentará mañana, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos, un pedido de juicio político contra el juez Claudio Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, a quien acusan de mal desempeño de sus funciones por haber concedido arresto domiciliario a un preso condenado por violación.
La presentación que se realizará ante el Consejo de la Magistratura bonaerense será la primera que hará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que criticó a los magistrados que decidieron dar ese beneficio a los acusados de delitos graves.
La abogada Petersen formulará el pedido de enjuiciamiento en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.
El violador había sido condenado a 7 años de prisión y el juez Brun le concedió a principios del mes pasado el beneficio de arresto domiciliario, quedando pendiente el cumplimiento de 2 años y 7 meses de cárcel. En las últimas horas el magistrado dispuso el retorno del condenado a la cárcel.
Acompañarán la presentación el diputado provincial Pablo Garote, mientras que el legislador nacional massista Ramiro Gutierrez trabajó como articulador junto al Observatorio del seguimiento de las decisiones judiciales sobre el otorgamiento de prisión domiciliaria de presos acusados de graves delitos.
Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del Juez y apartamiento de su juzgado hasta que dicte sentencia el jury de enjuiciamiento.
De acuerdo a la postura de los acusadores, el juez incumplió con sus funciones al «omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria» y que la familia de la chica «se enteró por los medios».
Según especificaron, el magistrado «violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público» y que por tratarse «de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de «Protección Integral de las Mujeres».
