Lo dijo el senador bahiense luego de, junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio, pedir el juicio político al juez que permitió la liberación masiva de presos con la excusa de la pandemia por el COVID-19.
En la tarde del martes, los senadores Andrés De Leo, Juan Pablo Allan, Claudia Rucci, y la diputada Sandra París, todos de Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia y pedido de juicio político al juez Víctor Violini, quien había dictado un habeas corpus colectivo el pasado 8 de abril, en favor de liberar y otorgar arrestos domiciliarios a presos bonaerenses.
La denuncia la fundamentaron principalmente en “su incompetencia y negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, en el incumplimiento con los deberes inherentes al cargo, y porque ha cometido graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y ha realizado actos de parcialidad manifiesta, que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal, y ‘como tal’ de decisor fundamental de cuestiones que hacen a la violación de los bienes jurídicos más preciados de esta comunidad”.
“La decisión de impulsar el juicio político al juez Violini se fundamenta, a nuestro entender, en el mal desempeño de sus funciones, incompetencia y negligencia demostrada. Violini acumuló una serie de faltas graves en su accionar y la decisión de otorgar un habeas corpus colectivo, habilitando la liberación de presos, muchos de ellos con serios antecedentes, con un listado abierto del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Justicia, terminó de confirmar nuestra decisión”, manifestó De Leo.
En el mismo sentido agregó que “aprovechando el contexto de la pandemia, justificó la liberación de muchos asesinos, violadores y delincuentes con alto grado de peligrosidad. Y lo hizo violando las leyes, salteando a los jueces naturales, otorgando al Poder Ejecutivo provincial facultades de liberación de presos que solo le competen a la Justicia. Además, en ningún momento tuvo en cuenta ni la opinión ni la situación de las víctimas y sus familiares, que como consecuencia de ello quedaron totalmente desprotegidas”.
En otro tramo de la denuncia, los legisladores señalaron que “el denunciado lejos de enaltecer la función y resguardar la vigencia de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, sistemáticamente se arroga facultades que no le son otorgadas por la ley, asume competencias que no le son propias y actúa injustificadamente fuera de sus límites funcionales”.
“El denunciado ha lesionado la autoridad estatal provocando el descreimiento de la misma, pues como todo funcionario, es la cara visible del Estado y la Administración. Además, no es posible admitir que actúe contrariando las leyes que regulan y legitiman los actos de su función, como tampoco es posible admitir que afecte el cargo que desempeña, traicione la confianza que se le depositó y viole las normas que se le encomendó y juró observar”, agregaron.
“La denuncia ahora deberá ser evaluada por la Secretaría del Jury de la Provincia, y en caso de darse curso, que descontamos así será, se conformará un tribunal encargado de llevar adelante el juicio político al juez”, finalizó De Leo.
