Una asamblea de comunidades indígenas de Jujuy exigió la paralización de los trabajos que lleva adelante el Gobierno provincial en tierras expropiadas en la comunidad indígena de Caspalá debido a que «están realizando el saqueo y destrucción de restos arqueológicos».
(Télam) – Mediante notas presentadas al vicegobernador de Jujuy y presidente de la Legislatura local, Carlos Haquim, y al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, expresaron su «repudio y rechazo» por los daños que se ocasionan para la construcción de una escuela sobre una cancha de fútbol comunitaria.
«Los operarios están destruyendo y saqueando restos arqueológicos indígenas los cuales están protegidos por el artículo 75 incisos 17, 19 y 22 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT (Ley Nacional 24.071), Ley Provincial 3866/82 y Ley Nacional 25743», advirtió en el escrito la Asamblea de Comunidades e Indígenas de Jujuy.
Y consideró «notable que para dicha obra no se ha respetado el derecho de la comunidad de Caspalá, tampoco se ha realizado estudio de impacto ambiental ni estudio arqueológico previo alguno junto a otras irregularidades».
Ante esto, comunidades indígenas de Jujuy se reunieron el sábado en Uquía, departamento Humahuaca, y decidieron rechazar y repudiar la expropiación de tierras indígenas en Caspalá por ser «inconstitucional».
«El Gobierno provincial no tiene razones para despojar y saquear sitios arqueológicos como son los antigales de la comunidad de Caspalá. Hacemos un llamado a la moralidad y a la ética», expresó hoy a Télam el antropólogo Gustavo Ontiveros, miembro de la Asamblea.
Denunció que en Jujuy rige «un sistema fuertemente colonial y feudal que tiende siempre a despojar y tratar de la manera más cruel a los pueblos indígenas. (El gobernador Gerardo) Morales no hace más que repetir lo que hicieron sus antecesores en la provincia».
El 18 de noviembre pasado hubo represión policial en Caspalá, denunciaron los comuneros del pueblo Kolla, y criticaron al comisionado municipal local, Natividad Apaza, que, dijeron, «decidió romper el único espacio comunitario de la zona por orden del gobernador Gerardo Morales, sin escuchar a los pobladores», en relación a las obras para una escuela y una cancha de fútbol.
Recordaron que en gestiones anteriores del Ejecutivo local «se compró un terreno para la construcción del establecimiento educativo», por lo que consideraron que «no se estaba escuchando al pueblo» al tomar decisiones.
«De no haber una reflexión por parte del Gobierno se presentarán denuncias internacionales porque se están violando muchos pactos internacionales», aseguró Ontiveros.
A través de la ley 6329, la Legislatura provincial aprobó en diciembre la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble en Caspalá, destinado a la construcción de espacios deportivos, recreativos y/o culturales.
Caspalá es un pueblo del Departamento Valle Grande, a unos 240 kilómetros de la capital jujeña, lugar que en diciembre de 2021 fue elegido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) como uno de los 44 sitios del mundo con mayor sostenibilidad por su riqueza cultural, patrimonial y el cuidado de la naturaleza.