Detuvieron a un árbitro de la Liga Regional de Fútbol por trata de personas

La policía rescató a dos hermanas -una menor de edad- víctimas de trata de personas, luego de detener a los padres de las chicas imputados de “vender” a sus hijas para, al parecer, prostituirlas y a otros dos presuntos autores del delito que se habría cometido en Coronel Suárez.
La oportuna intervención de la Justicia y la Policía permitió prevenir un segundo hecho contra una de las jóvenes, que aparentemente estaba a punto de concretarse.
Por el caso, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a los padres de las jóvenes y a los dos supuestos receptores de ellas, luego de tres allanamientos realizados el jueves en viviendas de aquella ciudad.
Estos dos últimos detenidos fueron identificados como Daniel Eduardo Sandoval (conocido árbitro de fútbol suarense) y un hombre de apellido Demetrio, apodado “Jonny” y de origen gitano, que está internado en Suárez a raíz de un “cuadro cardíaco”.
Las requisas fueron ordenadas por la jueza federal Nº 2 de Bahía Blanca, doctora María Gabriela Marrón.
“Se investiga el delito de trata de personas por matrimonio forzado, que vendía a sus hijas (presuntamente para que se prostituyeran). Esta es una figura que está expresamente contemplada en la ley, pero no es muy común”, explicó un allegado a la investigación.
“Se denomina matrimonio forzado porque es un acuerdo entre las partes a cambio de dinero (u otro bien). Parece algo medieval, pero es así”, acotó.
“Hace unos años ocurrió un caso (de trata en perjuicio de una de las hermanas cuando era menor), y otro estaba por concretarse contra la otra chica”, completó el informante.
Tres de los imputados fueron indagados y se negaron a declarar, mientras que Demetrio aún no fue interrogado por su internación. Los otros tres acusados están detenidos en la delegación bahiense de la Policía Federal.
Los detenidos tienen domicilio en aquella ciudad y uno de ellos es el titular de una compraventa de vehículos, comercio que también se allanó. “Ambas víctimas están bajo resguardo y se encuentran bien”, afirmó el vocero judicial.
EL DELITO SE DENUNCIÓ EN ABRIL
La investigación, en la que también tomó intervención la Fiscalía Federal Nº 2 de Bahía Blanca, se inició por una denuncia telefónica anónima radicada en abril.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la división Trata de Personas de la PFA.
Además trabaja un equipo de psicólogos de la oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del ministerio de Justicia de la Nación.
“Todavía se están por adoptar medidas y aún hay secreto sumarial. Probablemente pueda concurrir con algún otro delito, pero todavía no lo sabemos”, finalizó la fuente.
El artículo 145 ter del Código Penal prevé pena de 10 a 15 años de prisión, en el caso de que el delito de trata de personas sea agravado.
Fuente: LA NUEVA Y LA NUEVA RADIO SUAREZ