Durante el jury realizado por el Consejo de la Magistratura se detectó un incremento patrimonial en la familia del magistrado.
El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue detenido este miércoles, luego de que el jurado del Consejo de la Magistratura ordenara su destitución al considerar probado que el magistrado incurrió en «mal desempeño» de sus funciones.
El jurado, designado por sorteo, estuvo integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.
El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría al considerar que «la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados».
Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
En la investigación, la Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.
Los fundamentos de la destitución
El jurado que este miércoles decidió la destitución estimó que el mal desempeño de Bento quedó «acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público» por las «maniobras» de entorpecimiento que ejerció el juez sobre la investigación penal.
«Desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación», señaló el jurado en los fundamentos.
Además, el jurado de legisladores y funcionarios de la justicia, tuvo en cuenta que el ahora exmagistrado «procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta» y que obtuvo «inescrupulosamente» un crédito hipotecario con «datos falsos e inexactos».
El proceso en el Consejo de la Magistratura
En mayo de este año, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó, con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.
Desde entonces, el magistrado quedó suspendido de sus funciones, una decisión que fue votada por Horacio Rosatti, Eduardo Vischi, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.
Las audiencias del juicio en el Consejo de la Magistratura finalizaron a principios del mes pasado, con los alegatos de las partes y las palabras finales del magistrado, que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso, algo que finalmente no ocurrió.
