Luego de las declaraciones del concejal del Frente para la Victoria (FPV) Guillermo Löffler, quien aseguró que el Tribunal de Cuentas (HTC) había sugerido que la adjudicación del Parque Municipal “Omar Cleppe” de Saldungaray debería ser rechazada si el ganador de la licitación, Sr. Urbina, no cumplía con ciertos requisitos del pliego, el asesor letrado del municipio, Dr. Leandro Picado, dio su parecer.
“Al HTC le hicieron una consulta en abstracto sobre ciertas cuestiones, no con el expediente total. Ellos sostenían que el adjudicatario carecía de residencia en el distrito, confundiendo domicilio con residencia. Además, el oferente ganador no tenía que acreditar residencia porque era de público conocimiento que la persona contaba con ese requisito.”, explicó.
En cuanto a la deuda del adjudicatario con ARBA (cuestión por la que también el FPV sostenía que no debía ser adjudicado Urbina porque un requisito en el pliego decía que no podía tener deudas con el fisco), Picado indicó que se tratan de $10.000 “que debe en concepto de patente y que la está pagando a través de una moratoria”.
Ese punto en el pliego “es una normativa formal, no sustancial. Tomar como adjudicatario a una persona que tiene una deuda irrelevante como esta, no causa ningún perjuicio al erario público ni al fisco”.
Así las cosas, el letrado consideró que “lo legal se tiene que cumplir pero nunca puede ser como un impedimento si en la atención del hecho en concreto hay oferentes de los cuales en uno se observa calidad para lo que se licita, porque sabemos lo que hace”.
“No hay incumplimiento del deber de funcionario público, el HTC dice que para que eso suceda tiene que haber violación de una norma de la constitución o la intención de causar un daño en el acto del intendente y perjudicar al municipio”, opinó respecto a otra consideración de Löffler.
Por otra parte, sobre el pedido del FPV de que la asesoría legal se expida respecto a si el procedimiento de adjudicación fue legal o no, dijo: “el HCD no me puede pedir a mí que me expida en relación a algo que ellos creen conveniente. Si ellos quieren un asesoramiento tienen que contratar a un abogado y si ven alguna ilegalidad, hacer la consulta al Tribunal de Cuentas o en la justicia. No tengo que responderles nada a ellos y no me puedo expedir como un órgano que observa lo que hizo el intendente”.
Por último, para concluir con el tema, Picado expresó: “Tengo como deseo que podamos dejar las apetencias personales de lado y focalizarnos en aquellas cosas que nos acercan o nos unen y podamos organizar un proyecto de Tornquist en conjunto y lo podamos desarrollar”.