La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad cuestionó el violento accionar de las fuerzas de seguridad y presentó su renuncia. Las críticas de organismos de derechos humanos al Gobierno.
Las críticas de Gómez Alcorta al desalojo en Villa Mascardi
Tras la detención de las siete mujeres y la orden de la jueza federal Silvina Domínguez de trasladar a más de 1.500 kilómetros a cuatro de ellas –que aún desconocen los cargos por los que se las acusa y no pueden hablar con sus abogadxs– la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad calificó la situación como “sumamente preocupante”. Más allá de las cuatro mujeres que fueron trasladadas el miércoles a la noche al penal de Ezeiza, otras dos, que tienen bebés de meses y son lactantes, siguen privadas de su libertad en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PS), en el aeropuerto de Bariloche. La séptima, en tanto, con un embarazo avanzado, fue internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.
Gómez Alcorta había dicho ayer a la mañana que, el martes, “el Ministerio y otros organismos buscamos la información, que era confusa”, y “presentamos un escrito haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada”. El miércoles se conoció el rechazo al pedido de excarcelaciones “por una cuestión formal, de que no tienen designados abogados o abogadas particulares”, pero esa “falta de asignación está vinculada a la incomunicación” de las detenidas, lo cual conforma “un círculo perverso”. “No se puede negar en el marco de un Estado de Derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa qué hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho”, criticó.
En esa línea, la ministra cuestionó el traslado a Ezeiza con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. “Hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada” y, más grave aún, sin saber “qué es lo que se les imputa”. “Ayer a la noche (por el miércoles) la mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado, que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza al parir, teniendo en consideración las pautas culturales, y esto no se permitió”. Remarcó además que el Ministerio está interviniendo pero que se trata de “actuaciones pura y exclusivamente ordenadas por la jueza” y que el Ministerio “no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial”.
Los intentos de Alberto Fernández para evitar la renuncia de Gómez Alcorta
Alberto Fernández, cuando comenzó a crecer el rumor de la presentación de la renuncia de la ministra –pasadas las seis de la tarde de ayer– se encontraba en el municipio de Escobar junto al secretario Ariel Sujarchuk y el intendente local, Carlos Ramil, participando de la Fiesta Nacional número 59 de la Flor. Fuentes del Gobierno indicaron que el Presidente estuvo realizando gestiones para convencer a la funcionaria a que cambie de opinón.
Horas antes, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, había asegurado en su conferencia semanal en Casa Rosada que no estaba previsto ningún cambio en el Gabinete y también se refirió a la situación en Villa Mascardi. Dijo que el desalojo «se hizo cumpliendo todos los protocolos, sin el uso de armas letales, ni ninguna denuncia durante el procedimiento». «No hubo ningún tipo de avasallamiento a los derechos de quienes estaban en ese lugar, se llevó adelante la orden judicial con todo el protocolo de seguridad y respeto a los Derechos Humanos«, agregó. Además puntualizó que Gómez Alcorta «está interviniendo con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres detenidas para que se puedan llevar adelante el proceso con todas las garantías».
Quién quedará frente al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
Ayer por la tarde comenzar a circular versiones que indicaban que el posible reemplazo de Gómez Alcorta sería María Cristina Perceval, exsenadora Nacional por la provincia de Mendoza entre 2001 y 2009, y quien también se desempeñó como embajadora argentina ante las Naciones Unidas entre 2012 y 2015, durante el gobierno de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hace exactamente un año Perceval fue nombrada por Alcorta como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en el ministerio.
El desalojo en Villas Mascardi y los repudios
El CELS, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogados de las mujeres enviadas a Ezeiza presentaron también un hábeas corpus por la suma de irregularidades en el traslado, que tuvo lugar “de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.
“Las detenciones se produjeron en el marco de una causa a la cual todavía no se accedió. No se saben las razones por las cuales se ordenó no sólo el desalojo sino también las detenciones”, explicó Diego Morales, director de Litigios del CELS. “El hecho del que se las acusa es en la Patagonia, la jueza que ordenó su detención es de la Patagonia, no entendemos el destrato hacia estas cuatro mujeres”, destacó. Añadió que “no conocen los cargos, no tuvieron declaración indagatoria” y tampoco “han tenido contacto con sus abogados”. El traslado, dijo, “es una medida extremadamente violenta, que deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial, y está basada en su calidad de mujeres y en su identidad cultural mapuche”.
La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro realizó ayer una rueda de prensa en Bariloche para repudiar el accionar de las fuerzas federales y adelantó que las comunidades pidieron conformar una mesa de diálogo con autoridades de los gobiernos nacional y de Río Negro para el próximo 12 de octubre. “Son días muy difíciles para nosotros como pueblo. Lo que está pasando es una reminiscencia de la Campaña al Desierto”, lamentó el werken (vocero) Orlando Carriqueo. Le reprochó a la jueza Domínguez que tras las detenciones se produjo “una incomunicación, un secreto de sumario, una tardanza para que habiliten a la defensa”, explicó que “la impunidad” causa “dolor” al pueblo mapuche y reclamó que intervenga “la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina”. Carriqueo advirtió que “la violencia en este territorio siempre la ha impuesto el Estado” y contó que están llamando a las comunidades a “fortalecer su espiritualidad, porque ahí vamos a encontrar la templanza para encontrar el camino del diálogo”.
Diputados y diputadas del bloque del Frente de Todos también repudiaron el operativo y aseguraron que hubo «una evidente vulneración de derechos y total ausencia de perspectiva de género en el procedimiento».
Fuente Página 12
