Las grabaciones debían destruirse tras ser entregadas a la Justicia, pero los espías del gobierno de Cambiemos las almacenaron para usarlas cuando surgiera la necesidad. Entre los audios están las escuchas realizadas sobre exfuncionarios kirchneristas y empresarios presos en el penal de Ezeiza.
En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hallaron 105.000 registros de escuchas que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Lejos de destruirlas cuando se las entregaban a la Justicia como debería haber ocurrido, los espías del gobierno de Cambiemos almacenaron estas conversaciones para usarlas cuando surgiera la necesidad. Entre las grabaciones halladas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, están las que se hicieron sobre exfuncionarios y empresarios kirchneristas presos en el penal de Ezeiza. Esas escuchas servían para armar causas –como del llamado “Operativo Puf” que surgió como reacción a la investigación sobre el D’Alessiogate– o alimentar minutos de aire en los canales de televisión afines.
Para Caamaño, por la cantidad de los registros encontrados y el sistema que se usaba, el gobierno de Macri ideó una nueva forma para que la exSIDE –en manos de su amigo Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani– volviera a hacerse con las escuchas, algo que estaba vedado desde la reforma de la Ley de Inteligencia de 2015. “Hicieron gatopardismo. Le sacaron las escuchas a la AFI, pero la Corte se las devolvió”, le dijo Caamaño a Página/12.
Después del hallazgo, Caamaño hizo una presentación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que tiene el expediente en el que se investiga el espionaje penitenciario, que incluyó la interceptación de los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, donde estaban alojados los exfuncionarios y empresarios ligados al kirchnerismo. Es la causa que se inició en la justicia federal de Lomas de Zamora y en la que también se investiga el rol de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que, en su núcleo originario eran policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la exSIDE.
Una vuelta al pasado
La SIDE históricamente manejó las escuchas desde su edificio de la calle Los Incas a través de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “Ojota”. En 2015, con la reforma de la Ley de Inteligencia, las escuchas pasaron a depender de la Procuración General de la Nación, que estaba en manos de Alejandra Gils Carbó. La entonces procuradora le encomendó a Caamaño, que era una fiscal de su confianza, que se hiciera cargo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
La experiencia de Caamaño y un grupo de trabajadores de la Procuración en el edificio de Los Incas no duró demasiado. A las dos semanas de haber asumido, Macri publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual le sacaba las escuchas a la Procuración y las ponía en cabeza de la Corte Suprema. Sacarle la oficina de escuchas era parte de la estrategia para cercar a Gils Carbó, cuya renuncia Macri reclamaba desde antes de llegar a la Casa Rosada.
La Corte recién aceptó el traspaso en febrero de 2016. Al tiempo se creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que quedó a cargo del entonces presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, cuyo nombre también lleva la “doctrina” que permitió encarcelar a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los escándalos por la filtración de audios se sucedieron durante la gestión anterior, incluso la Corte debió firmar una acordada en 2019 en la que les pedía a los jueces que redujeran al mínimo la intervención de la AFI en las investigaciones judiciales.
La AFI intervino en 85 expedientes judiciales durante el período 2016-2019, según un relevamiento que hizo la Comisión Bicameral de Inteligencia. En la mayoría de los casos (68) lo hacían a pedido del juez. En otros casos (17), armaban precausas que servían como excusa para escuchar a determinadas personas: lo hicieron con Oscar Parrilli –que les permitió conocer sus conversaciones con Cristina Kirchner– e incluso llegaron a hacerlo con una modelo que viajó a Cancún con el fiscal Alberto Nisman.
El mecanismo
La responsabilidad en el manejo de las escuchas la tenía la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), que comandaba Juan Sebastián de Stefano, que saltó a la fama después de que se conociera el video de la “Gestapo” antisindical. De Stefano era uno de los tres hombres que estaba allí, discutiendo cómo armarle una causa al dirigente de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina.
El mecanismo de las escuchas era el siguiente: Un juez autorizaba una escucha y le daba intervención a la exSIDE. Allí, los agentes de la AFI tenían dos formas de dar con esas grabaciones: a través de los CDs que grababa la DAJuDeCO o a través de un sistema punto a punto que se ideó entre la oficina de escuchas de la Corte y la AFI. Ese sistema es el que denuncia Caamaño que le permitió a la AFI volver a tener un control sobre las interceptaciones telefónicas.
El sistema punto a punto funciona como cuando se envía un archivo de manera digital. Los archivos eran las grabaciones que llegaban a una especie de repositorio digital y se cargaban al llamado Sistema de Administración, que con el tiempo los espías empezaron a denominar “SIDEA”, posiblemente porque les recordaba al nombre del organismo cuando manejaban las interceptaciones telefónicas. Desde allí, los espías escuchaban y desgrababan.
Todo el poder a Jurídicos
En general, los jueces pedían que las áreas operativas de la AFI intervinieran en las investigaciones judiciales, como las de Contrainteligencia o Terrorismo. Sin embargo, de Stefano se aseguró que la relación con el Poder Judicial pasara con él.
Las escuchas no fueron ajenas a esa construcción de poder del jefe de Jurídicos de la exSIDE. En marzo de 2018, se creó la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADCCO) de la AFI. El nombre era casi un calco del de la DAJuDeCO.
La nueva oficina tenía una misión: concentrar las escuchas que llegaban y hacer las transcripciones. La nueva dirección quedó en manos de un hombre experimentado en la materia, Mariano Ruda Bart, que había ingresado a la SIDE en 1995 y había pasado 19 años en la “Ojota” hasta que, tras la reforma de 2015, emigró al área de Jurídicos. Los agentes destinados a la DADCCO únicamente trabajaban con el SIDEA, no tenían acceso a los CDs.
La información sobre este mecanismo fue aportada por el propio Ruda Bart en un descargo ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Ruda Bart al igual que De Stefano fueron procesados en esa jurisdicción por el juez Juan Pablo Augé y después fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña cuando dijo que el espionaje era obra de cuentapropistas.
Una muestra
El primer registro que figura en SIDEA es del 17 de octubre de 2017. Hay escuchas y transcripciones de decenas de causas, que fueron puestas a disposición del juez Martínez de Giorgi –que tiene la causa de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario–.
Antes de que la investigación pasara a Comodoro Py, investigaban cómo con la excusa de escuchar a Mario Segovia –conocido como el “Rey de la efedrina”–, la AFI tuvo acceso a todas las conversaciones de los presos kirchneristas. Lo curioso es que esas escuchas habían sido ordenadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien le había pedido al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que informara qué teléfonos usaba Segovia y en qué momento. Con ese lineamiento, la AFI podría haber focalizado su atención sobre Segovia, pero no lo hizo. Con esas escuchas, en febrero de 2019, buscaron sofocar el escándalo de la denuncia sobre Marcelo Sebastián D’Alessio, diciendo que la causa había sido armada desde la cárcel. Por lo que encontró Caamaño, parece que los espías no tomaron el recaudo de destruir esos registros.
