Juntos por el Cambio blanqueó que privatizaría la vacuna

«Dejemos que los privados compren las vacunas. Que la pague quien pueda hacerlo». Con esta frase, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió a reclamar la privatización de la vacuna contra la covid-19, calificando la centralización de la adquisición de vacunas por parte del Estado argentino como «soviética» y sincerando la lógica con la que Juntos por el Cambio hubiera encarado la pandemia en el caso de estar en el poder. Y es que el exabrupto de Bullrich, que fue rápidamente cuestionado por la comunidad científica, cuenta con una continuidad formal en un proyecto de ley presentado por los diputados radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri, que propone autorizar a privados, así como a las mismas provincias, a importar y comercializar las vacunas en el interior del país. Montada sobre las esquirlas que dejó la bien amplificada idea de «vacunatorio VIP», la oposición continúa atacando la totalidad del plan de vacunación para ofrecer la solución definitiva: privatizar.

«Apuremos la vacuna. Dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que las provincias compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética y centralizada que al final lleva a un manejo de la vacuna así como quieren. Si todos compraran vacunas y pudiéramos tener todo tipo de vacunas, si la gente pagase la vacuna…», comenzó diciendo Patricia Bullrich en el piso de A24, hasta que un admonitorio «bueno, bueno» de Luis Novaresio la interrumpió.

Rápidamente, sin embargo, retomó el hilo de su defensa de privatización y aclaró: «Que la paguen los que pueden. Y los que no tendrían un subsidio del Estado. Pero en vez de comprar todo centralizado salgamos a comprar todas las ofertas que hay». La crítica a la idea de centralización «soviética» de la compra de vacunas –que es la misma centralización soviética que están llevando a cabo todos los países del mundo– fue inmediatamente cuestionada por diferentes sectores de la comunidad científica y política, no sólo por pretender dar prioridad a las clases con mayor poder adquisitivo e incentivar así la desigualdad, sino por ser lisa y llanamente «absurda».

«Cuando se trata de un recurso escaso, privatizar el acceso significa agrandar la desigualdad. Es una propuesta completamente improcedente, si empezamos a privatizar los recursos en Salud lo único que vamos a hacer es consagrar la desigualdad y castigar a los que menos tienen», manifestó a Página/12 el infectólogo y director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn. «Si hubiéramos hecho eso en la epidemia del 2010, seguramente los sectores privados hubieran comprado Oseltamavivir y la gente que lo hubiera necesitado no hubiera podido tener acceso, por eso el Estado en ese momento compró toda la producción. Lo mismo están haciendo todos los países, en donde son los Estados los que compran las vacunas y las distribuyen, no los sectores privados. Sería un retroceso tremendo aceptar una cosa así», afirmó.

«En una situación de pandemia y crisis sanitaria la salud tiene que ser pública. No es una cuestión de que ‘el que puede la compre’ porque no tienen nada que ver con la capacidad de compra. Por más que la gente que tiene dinero la compre y se vacune, si los que no tienen dinero no se vacunan, corren igual riesgo los vacunados. Es un problema de Salud pública, hay que vacunar a todo el mundo», sumó Guillermo Docena, investigador del Conicet y director del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad de La Plata.

«La solución comercial para un tema de salud pública como este es absurdo. Uno entiende por qué lo hacen, es el modo de conseguir que los más tienen tengan un acceso más rápido a la vacuna sin tener que esperar en ninguna lista», sostuvo el biólogo molecular y biotecnólogo, Ernesto Resnik, en diálogo con este diario. En una línea similar, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, acusó con dureza a Bullrich en declaraciones radiales: «Piensa que los que tienen más dinero tienen más derechos. Cuando gobernaron, hacían eso». 

Un proyecto de ley para el «acceso y la equidad»

La propuesta de privatizar la vacunación no es una exabrupto aislado de Patricia Bullrich, responde a una lógica interna de Juntos Por el Cambio a la hora de «lidiar» con la salud pública. El ejemplo fue la presentación de un proyecto titulado, paradójicamente, «Ley de acceso y equidad en la vacunación contra el Covid-19». La iniciativa, presentada por los diputados Alfredo Cornejo y Luis Petri (integrantes ambos del ala más dura de la oposición), propone habilitar, tanto a las provincias como los privados, la importación y comercialización (en el caso de las provincias, la importación y su distribución) de las vacunas contra el coronavirus. Haciendo hincapié en la «ineptitud» de la estrategia sanitaria de gobierno nacional, Cornejo y Petri apuestan a que la incorporación de nuevos actores privados no sólo ampliará el operativo de vacunación, sino que «armonizará» con el mismo sistema público, «liberando recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a quienes realmente lo necesitan».

«Nosotros creemos que hay que incorporar nuevos actores al plan de vacunación. Si tenemos en cuenta que el proceso de vacunación se va a extender en los próximos años, resulta imprescindible que tanto los privados como los estados provinciales puedan negociar, contratar y adquirir vacunas», explicó Petri a este diario. En concreto, el proyecto de ley consta de dos partes: la habilitación para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan adquirir vacunas para sus respectivas jurisdicciones, y la autorización para que cualquier privado (ya sean farmacias, laboratorios, etc) pueda importar y vender la vacuna en el territorio nacional. En este último caso, atajándose ante el hecho que lo que el proyecto en realidad hace es quitarle al Estado el monopolio de la política de inmunización (pública y gratuita) de la población, los legisladores aducen que un 10 por ciento de las dosis que compren los privados deberán estar destinadas al Ministerio de Salud de la Nación para que sean incorporadas al sistema público de salud.

Si bien el proyecto de ley establece que este sistema se pondrá en vigencia «a partir de la finalización del plan estratégico para la vacunación contra la covid-19 en la República Argentina en el año 2021» – de modo que no compita con el monopolio de la demanda del Estado en un contexto crítico en el que escasea la oferta mundial de vacunas -, los legisladores argumentan que la incorporación de los privados se daría por la «corrupción» y la «incapacidad de asegurar proveedores» por parte del Gobierno nacional. 

«Esto está montado sobre el oportunismo político de jugar con la idea de que, si no se las sacamos de las manos al gobierno, las vacunas van a ir a los militantes de La Cámpora y la corrupción oficial. De modo que proponen una supuesta solución que el oficialismo no había pensado y, al mismo tiempo, garantizan la inequidad del acceso a la vacuna. Es más para los que más tienen y que el resto espere o reciba el excedente que sobra«, reflexionó Resnik, refiriendo irónicamente a ese 10 por ciento que iría destinado a la salud pública.

«Esto no es la privatización de la vacuna. Se va a continuar priorizando a los grupos que fije el Ministerio de Salud. Acá no se está privatizando la salud, sino que se la está robusteciendo. Esto va a permitir descomprimir y descongestionar el sistema de salud público», prometió Petri. Los científicos consultados por Página/12 sostuvieron que el argumento es «falaz» y manifestaron fuertes dudas respecto a que este sistema pueda garantizar que la vacuna llegase a todo el mundo como corresponde. «Esta es una vacuna para la cual el Estado va a tener que seguir teniendo un firme agarre en los próximos años. Porque en cuanto haya algún brote en alguna zona, va a ser el Estado el que tenga que tomar medidas de urgencia, aislando y vacunando. Esta va a seguir siendo una enfermedad de interés para la salud pública», finalizó Resnik.