(Por Alicia Alvado) La Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fasgo) está «sumamente preocupada» por el caso del ginecólogo de Burzaco Diego Javier Clementi, procesado por 5 hechos de abuso sexual en el consultorio y denunciado por otros 10, aseguró el coordinador del área legal de esa institución, el médico y abogado Roberto Keklikian, quien opinó que en estos casos «sería conveniente la suspensión preventiva» de la matrícula.
Keklikian, quien además es titular de Obstetricia y Ginecología de la UBA y director científico de la Asociación Argentina de Perinatología, consideró que el hecho investigado «impresiona ser cierto y grave», teniendo en cuenta la cantidad de denuncias realizadas por mujeres que no se conocían entre sí y que relatan situaciones similares.
En diálogo con Télam este especialista que integra la mesa de trabajo sobre violencia obstétrica de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coincidió con diferentes organizaciones y referentes feministas en la necesidad de protocolos para la práctica ginecológica no exclusivamente referidas a la prevención de la violencia obstétrica.
Télam: ¿Cuál es la postura de Fasgo ante el caso del ginecólogo denunciado por 15 pacientes de haberlas abusado sexualmente durante la atención ginecológica en su consultorio, al que la justicia ya procesó por 5 de esos hechos?
Keklikian: La Federación está sumamente preocupada al respecto, obviamente no nos corresponde a nosotros juzgar la culpabilidad o inocencia, pero desde el sentido común impresiona ser cierto y grave, teniendo en cuenta que las denuncias fueron realizadas por muchas mujeres que no se conocen ni tienen ningún vínculo entre sí.
Queremos dar un mensaje claro: Fasgo repudia taxativa y enfáticamente cualquier tipo de abuso sexual y la persona que lo cometa ejerciendo el rol de ginecólogo contra pacientes, es una persona que es considerada fuera de los parámetros apropiados para la praxis profesional por parte de la Federación.
T: ¿Cree que hacen falta protocolo para la atención y práctica ginecológica en consultorio para prevenir las violencias?
K: En Fasgo consideramos debe haber protocolos no solo aplicables a la ginecología y a la obstetricia – que es nuestro campo- sino para la asistencia de cualquier tipo de pacientes, de cualquier género u orientación sexual porque lo ideal es que la praxis médica sea respetuosa y amigable.
Y esto no lo planteamos únicamente en término de derechos sino también de calidad de atención médica, porque si uno recibe un trato respetuoso, contención y fundamentalmente información, tendremos mejores resultados en el tratamiento de las enfermedades que si somos asistidos mientras nos sentimos en disconfort, y ni hablar si nos sentimos agredidos.
T: ¿Qué debería contener un protocolo específico contra la violencia de género en el consultorio ginecológico?
K: Un protocolo futuro lo que debiera plasmarse es por lo menos dos ideas rectoras que guíen la práctica, sobre todo cuando hay que realizar exámenes que están dirigidos a la zona genital de la mujer o donde puede haber violentamiento de su intimidad.
La primera de ellas es que quien las asiste (médicamente) no debe emitir juicio alguno respecto a su sexualidad o de sus prácticas sexuales. Simplemente debiera informarle si es que encontrara que alguna de sus prácticas sexuales pudiera ser dañina para su salud, y la verdad que yo conozco muy pocas que lo sean. Sin embargo, conozco muchos que tienden a juzgar las prácticas sexuales de otras personas cuando no afectan a nadie y nuestra constitución es clara al respecto.
La segunda cuestión es que si bien hoy está culturalmente instalado que cuando se va a realizar una operación que implica cierto riesgo, el paciente debe dar su consentimiento informado; sin embargo, no se observa -y creemos que es de buena práctica hacerlo, lleva escasos segundos y realmente mejora mucho la calidad de atención- que cuando una paciente va a ser revisada en sus genitales se le explique para qué, se le pida permiso, haya espacio para que pueda decir si lo acepta o lo rechaza.
Hay una cultura (en los profesionales médicos) de ‘ah, bueno, pero el examen hay que hacérselo’. Grave error. Yo le ofrezco un examen y le explico los beneficios, si usted pese a los peligros que puede implicar la no realización, decide rechazarlo entonces su voluntad prima sobre el principio de beneficencia. Es decir, si yo estoy tratando de ayudarla a usted haciéndole un examen que es bueno, pero usted, comprendiendo lo que implica ese examen y lo que está arriesgando o perdiendo, decide rechazando, el cuerpo es suyo.
En ese caso, el profesional no queda indefenso, simplemente se hace constar en la historia clínica e inclusive la paciente puede firmar.
T: Las denunciantes de Clementi hablan también de otras situaciones: prácticas dolorosas sin anestesia, tocamientos de zonas corporales erógenas o que nada tiene que ver con la práctica que se está realizando, entre otras…
K: ¡Pero si esto es verdad, es de una perversidad severa! Desde ya que estas cuestiones también deberían formar parte de un protocolo.
T: Uno de los principales reclamos de las denunciantes de Clementi es que el Colegio de Médicos del Distrito 2 le suspenda la matrícula para que no pueda seguir atendiendo pacientes como ocurrió hasta la semana pasada, cuando el juez de garantías le aplicó la prohibición por el término de 90 días. ¿Considera que en estos casos se debería suspender la matrícula hasta que la justicia se expida?
K: Personalmente estoy a favor de una suspensión preventiva, dada la verosimilitud del hecho, por lo menos del ejercicio activo de este profesional, dado que quien está concurriendo a la consulta no necesariamente sabe que se trata de este profesional que está en esta situación, sin perjuicio de que, si las denuncias fueran falsas, el profesional tiene derecho también a accionar contra quienes lo hubieran denunciado falsamente.
T: En el caso, el Colegio fue notificado de su procesamiento en noviembre pasado y al mismo momento que el Hospital Evita de Lanús donde este médico era jefe de servicio, pero mientras este centro asistencial lo apartó inmediatamente de la atención a pacientes, el Colegio mantiene activa su matrícula hasta la actualidad. ¿Cómo entender esta diferencia en el proceder?
K: El colegio trabaja de una forma muy, muy seria y esto debe estar siendo analizado pero no sé exactamente cuál es el criterio que los colegas estarán aplicando. Lo que ocurre es que hay una situación distinta entre lo público y lo privado porque si usted sanciona a una persona apartándola de la atención a pacientes en una institución pública, esa persona continúa percibiendo su salario mientras usted protege a las pacientes y, eventualmente, también protege a esta persona que, de resultar inocente, habrá seguido cobrando sus salarios y salvará su buen nombre y honor.
En cambio, en el momento en que el colegio le suspende la matrícula, si esta persona gana su sustento trabajando de médico, evidentemente se lo quita. Obviamente, si es culpable, habrá que quitárselo.