El titular de la AABE, Martín Cosetino, presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que estipula una “asignación precaria” de tierras a la firma EL AZUFRE S.A., cuyo titular vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore.
Cuando parecía un hecho que la provincia de Mendoza le entregaba, de manera gratuita, un área de 12.351 hectáreas -que incluyen una importante zona cordillerana con nacientes de agua y humedales- a la firma Azufre SA para que desarrollen un centro de esquí, el Gobierno nacional decidió poner un freno al «regalo» que había firmado el gobernador Rodolfo Suárez.
El stop se materializó a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo titular Martín Cosetino, presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que estipula una “asignación precaria” de esas tierras y favorece a la firma del empresarios de medios Alejandro Spinello, un productor audivisual que vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore.
«Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia. El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO», indica la carta de Cosetino.
A su vez, el funcionario nacional explica que Mendoza incumplió con los convenios de manejo de tierras acordados con Nación, con el objetivo de desarrollar -con fines productivos o turísticos- esa zona de frontera. “Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, indica el escrito.
Otras de las irregularidades que señaló la ABBE fue a la falta de dictamen de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que la provincia avance con el trámite de asignación a El Azufre SA.
Qué dice el gobierno de Mendoza
Desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado. Sobre la entrega de tierras, el argumento del gobierno de Suárez es similar al de resto de los proyectos inmobilarios o extractivos que despiertan rechazo para la falta de estudios de impacto amabiental o controles transparantes: los inversores prometen crear unos 1.000 empleos directos, en un área de alto valor de conservación biológica e hidrológica en una provincia donde el recurso de agua es escaso.
Otro de los puntos de conflicto es que el área cedida incluye terrenos que están dentro del Registro Único de Puesteros (RUT), campos que los productores de la agricultura familiar utilizan para llevar a pastar a sus animales en la temporada de verano. El argumento oficial es que los empresarios compraron los derechos de tenencia de dos familias de puesteros.
«En el RUT de la provincia de Mendoza existen relevados mas de 14 puestos y reales de veranada en las 12 mil hectáreas que Suárez regaló por decreto ¿Porque entonces el Gobierno dice que no hay pobladores afectados?», apuntó el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, Diego Montón. Y agregó: «El empresario beneficiado dice haber comprado los derechos dos puesteros. ¿Que pasa con el resto? ¿Que pasa con la ley provincial de Arraigo? ¿Cuál es el plan de ordenamiento Territorial vigente?», apuntó.
