El Reino Unido otorgó hoy el rango de ciudad a ocho pueblos, entre ellos Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en el marco de la celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, por sus 70 años en el trono, y el Gobierno argentino cuestionó la medida al afirmar que posee «un carácter colonial» propio de la ocupación que el Reino Unido ejerce sobre el archipiélago.
Milton Keynes en Inglaterra, Dunfermline en Escocia, Bangor en Irlanda del Norte y Wrexham en Gales también obtuvieron el título; y Colchester y Doncaster en Inglaterra completan la lista consiguiendo la mención real.
El concurso honorífico en el Reino Unido se llevó a cabo por última vez hace diez años para conmemorar el Jubileo de Diamante de la monarca, y este año, por primera vez en la historia, las solicitudes para obtener el estatus de ciudad estuvieron abiertas a un territorio de ultramar como Puerto Argentino y una dependencia de la corona como Douglas, en la Isla de Man, según se informó hoy oficialmente.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona cuestionó hoy la medida a través de su cuenta en Twitter.
«El anuncio de la corona británica respecto de Puerto Argentino devela, una vez más, el carácter colonial de la ilegal e ilegítima ocupación británica sobre #Malvinas», escribió.
El funcionario agregó que «toda la escena resulta anacrónica y expresa una caduca pretensión imperialista».
«La decisión no tiene ningún efecto internacional aunque confirma que el Reino Unido no respeta el derecho internacional al mantener un régimen colonial en parte del territorio argentino», expuso.
Asimismo, recordó que «la reticencia británica a retomar las negociaciones con Argentina por la cuestión de la soberanía es lo central».
«La decisión de la monarca británica no cambia en nada la situación: Puerto Argentino seguirá siendo argentino a pesar de estas mercedes reales fuera de época», concluyó.
La Argentina mantiene una disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, un reclamo que tiene carácter constitucional y que fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ratifica todos los años la exhortación a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
