Nota de opinión por Hernán Albisu:
Una vez más desde el oficialismo nos ofrecen una aspirina para solucionar una de las enfermedades más serias y preocupantes del presente de nuestro país, la inflación.
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 51 E/2017 donde da cuenta de la decisión de la Secretaría de Comercio que obliga a las empresas y comercios, a partir del 1 de febrero, a diferenciar el precio al contado de los productos de su costo de financiamiento, por ejemplo con tarjetas.
Miguel Braun, quien ocupa la función que en su momento detentó Guillermo Moreno, salió a defender la iniciativa al anunciar que “con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios” aunque abrió el paraguas: “La nueva medida no garantiza que bajen los precios” y prosiguió declarando que “El Gobierno no controla los precios, queremos que los comercios y los bancos digan la verdad y que después el consumidor decida que hacer”,
Desde ya que esto es una manifestación de deseos y no una política concreta que combata el alza de precios sostenido y constante de nuestra economía.
La resolución por sí misma no va a producir ningún efecto si el organismo de control que es la Secretaría de Comercio dirigida por Miguel Braun (cuya familia es dueña de los Supermercados La Anónima) no controla la cartelización y oligopolio creciente de la economía en sectores muy sensibles de consumo, como lo son el alimenticio/supermercadista y el financiero en el sector de tarjetas de crédito/débito.
Para que se entienda, la «cartelización» se produce cuando algunas pocas empresas (que tienen la mayor porción de mercado de un producto o sector) se ponen de acuerdo en no competir entre sí, excluir a algún nuevo competidor y fijar los precios de sus productos con un valor mucho más alto que si existiera una competencia real y transparente de mercado. Si bien estas son cuestiones técnicas, nuestros vecinos esta operación la ven diario cuando van a los supermercados.
El Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno y que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
La Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor (ver arts. 4 y 36 fundamentalmente para este tema), la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial (ver art. 9) la Secretaría de Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia existen desde antes que asumiera el gobierno del Ingeniero Macri. El control de las cadenas de formación de precios se debería haber efectuado desde el primer día de su mandato y hasta ahora ni siquiera han comenzado por llevar a cabo estas acciones con instrumentos constitucionales y legales vigentes que son medulares.
En Junio del año pasado desde el Frente Renovador hicimos la correspondiente denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (expediente SO1-0234741/2016) a grandes cadenas de supermercados que aumentaron precios en forma indiscriminada y desmedida desde noviembre de 2015. Hasta el día de la fecha la Secretaría de Comercio no tomó cartas en el asunto.
Lo mismo ocurre con el análisis realizado en el mercado de financiación con tarjetas de crédito y emisión de tarjetas de débito, donde hay recomendaciones al Secretario de Comercio y al Banco Central de la República Argentina por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con fecha 29 de Agosto de 2016 en el expediente SO-1204600/2016, para que investigue de oficio a PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A –VISA- y sus accionistas (14 Bancos líderes de nuestro país, poseedores del 97.89% de las acciones de esta empresa que tiene la licencia de VISA). Allí se indica que “La configuración actual del mercado de medios de pago en la Argentina tiene efectos que restringen la competencia en los mercados de financiamiento”.
El control efectivo y la aplicación de esta legislación sobre las grandes empresas formadoras de precios, es la única herramienta que sirve para sanear el mercado (con mas empresas participantes –fundamentalmente pymes- y más trabajo para nuestra población), hacerlo más competitivo y que ello genere más y mejores productos y precios en oferta para los consumidores.
Por: Hernán Albisu (Senador Provincial del Frente Renovador- Presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la HCS)
