Reclaman la renuncia del gobernador y la derogación de la reforma que en medio de la fiebre del litio impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Mientras los detenidos comenzaban a recuperar la libertad, Morales convocó a una reunión informativa para el martes y la multisectorial gremial a un banderazo.
Tras la violenta represión en Purmamarca, manifestantes de varias localidades de Jujuy volvieron a cortar rutas. Reclaman que la reforma de la Constitución provincial, aprobada el viernes pasado, sea derogada, y exigen además la renuncia del gobernador Gerardo Morales. Los cortes están siendo sostenidos centralmente por comunidades de los pueblos originarios, que de un día para el otro, en medio del avance de la extracción de litio, se encontraron con que un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90 por ciento de las comunidades carece de esos títulos. Otro artículo de la nueva Constitución prohíbe el derecho a la protesta, lo que ha generado que docentes, gremios estatales y movimientos sociales se mantengan movilizados, adhiriendo a los cortes de ruta y preparando nuevas medidas para expresar su rechazo a la nueva Constitución. Morales quiere presentarla, este martes, en un teatro céntrico de la capital de Jujuy, mientras una multisectorial de gremios y organizaciones sociales convocó a los jujeños a que ese mismo día salgan a la calle, para manifestar en su contra.
Jujuy entra así en otra semana de conflicto, en un escenario mucho más grave que el inicial -ya que la nueva Constitución fue aprobada-, pero también con mayor visibilidad, a nivel nacional, sobre la reforma y sus alcances.
Si la Constituyente avanzó casi en secreto -aunque el texto de la reforma fue aprobado con los votos de Juntos por el Cambio y del PJ provincial-, su imposición difícilmente pueda pasar desapercibida.
A los ojos
Este domingo, mientras los detenidos en la represión comenzaban a recuperar la libertad, se fue conociendo la gravedad de lo ocurrido en los operativos de Purmamarca. Lo más preocupante es que la policía disparó con balas de goma a la cara de los manifestantes, en una práctica que, hasta ahora, la Argentina no había tenido que lamentar.
Ese horrible -e ilegal- método de tirar a la cara, buscando lastimar los ojos, fue inaugurado por los Carabineros en Chile, durante las protestas que cuestionaron al gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. No es verosímil que ninguna policía pueda hacer algo así sin contar con un aval del poder político.
Como consecuencia de ese tipo de disparos, fue denuciado que dos personas recibieron impactos en sus ojos. Uno de ellos es Misael Lamas, de 17 años, que perdió la visión de su ojo derecho, según denunció su familia, residente de la comunidad de Chalala.
La abogada Malka Manestar, de Andhes, aseguró a Página/12 que “la policía arremetió varias veces contra los manifestantes de Purmamarca y hubo muchísimos heridos con balas de goma en la cara”. “Fue una cosa muy grave, tenemos hasta colegas abogados heridos con balas de goma de esta manera, realmente es impactante la cantidad de heridos con perdigones en la cara”, remarcó.
Pacifismo
Gerardo Morales evitó hacer apariciones públicas durante el día, pero por las redes sociales salió al cruce de los cuestionamientos que, desde el gobierno nacional, le hizo el ministro Gabriel Katopodis repudiando que miles de manifestantes hayan sido “molidos a palos”.
La jugada del gobernador fue subir a su redes los antecedentes penales de uno de los detenidos en la represión -antecedentes por robos e infracciones a la Ley de Estupefacientes- y argumentar, en base a ese dato individual, que los manifestantes “no son pacíficos”.
Morales incluso acusó al gobierno nacional de ser instigador de las protestas contra la reforma de la Constitución y sostuvo que “había abogados de derechos humanos de Nación incentivando cortes de rutas en Jujuy”. En medio de esa ensalada, incluyó la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco.
La oficina de prensa de la gobernación difundió a su vez un mensaje no menos contradictorio. Invitó a los comuneros de los pueblos indígenas a una reunión para informarles sobre la reforma constitucional aprobada el viernes. El argumento oficial, según se lee en el comunicado, es que “nada en la nueva Constitución constituye una regresión” sino que “por el contrario, representa un significativo avance que busca legar para las nuevas generaciones una sociedad democrática, pacífica, igualitaria, intercultural y progresista”.
Los cortes
En Purmamarca, tras la represión y a pesar de las causas judiciales, la comunidad volvió al corte. Están instalados en el cruce de las ruta nacional 9 y la ruta provincial 52 y allí interrumpen totalmente el paso. En otras localidades, hacia el norte de la provincia, hay también cortes totales o permanencias sobre las banquinas.
Armando Quispe es referente del pueblo kolla y está en el bloqueo de Purmamarca. Desde ahí habló con Página/12 sobre el conflicto por la tierra: señaló que en la provincia “hay cerca de 400 comunidades indígenas, y apenas el 12 por ciento tienen títulos de propiedad comunitaria”.
“La reforma de la Constitución significa un despojo para nuestras comunidades, pero también para la sociedad en general, porque acá hay mucha gente que no tiene un terreno donde vivir”, explicó sobre quienes están en la protesta.
Ayer la primera detenida en recuperar la libertad fue la convencional constituyente Natalia Morales, a quien la justicia provincial le abrió una causa penal por corte de ruta. Con su liberación, la fiscalía hizo trascender que la decisión tomada era encauzar de la misma manera a todos los manifestantes detenidos.
Pietragalla
Para ese entonces, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, había llegado a la provincia. Estuvo en el penal de Alto Comedero, donde se entrevistó con los presos, y luego se trasladó a Purmamarca.
“La mayoría de los detenidos fueron golpeados”, confirmó Pietragalla a este diario. Agregó que el menor de edad lastimado en un ojo está hospitalizado, y que irá a verlo este lunes para constatar su estado.
El secretario de Derechos Humanos pasó además por Purmamarca, donde habló con los referentes de las comunidades. Está pidiendo una reunión a las autoridades provinciales, a las que pide que abran una mesa de diálogo con las comunidades y organizaciones en conflicto.
Al cierre de esta edición, los detenidos iban recuperando su libertad, pero aún quedaban presos. Manestar, la abogada de Andhes, señaló que “las detenciones fueron totalmente arbitrarias, lo que se vió en que fueron apresadas personas de la comunidades indígenas pero también periodistas” – es el caso de Lucho Aguilar, de la Izquierda Diario- “e incluso turistas, además de la convencional constituyente Natalia Morales (FIT). Nosotros llegamos a hacer una lista de más de cuarenta detenidos. Tuvimos muchas dificultades para asistirlos, ya que pudimos verlos recién en la madrugada del domingo, después de esperar cuatro horas en la puerta del penal”.
Semana de protestas
El rechazo a la reforma de la Constitución moviliza a sectores de las clases populares y de las clases medias. Los docentes de la provincia, que están de paro por tiempo indeterminado, trabados en una dura negociación por sus salarios, fueron los primeros en entrar en conflicto, los que están hace más tiempo en la calle. Pero a medida que se fue conociendo el contenido de la reforma constitucional se sumaron otros gremios y organizaciones. Los límites al derecho a protestar son el punto más sensible.
La ciudad de San Salvador pasó un domingo de tregua: todos los cortes de ruta ayer estuvieron instalados en la zona de la Quebrada y en la Puna jujeña. Mientras tanto, en la capital provincial hubo reuniones de los gremios y movimientos sociales, que buscan hacer una manifestación multisectorial este martes, día en el que el gobernador quiere presentar la Constitución reformada en el teatro Mitre, ubicado en el centro. El modo de protesta convocado es el de un banderazo.
El texto definitivo de la Constitución, si bien está aprobado, aún no es conocido públicamente, porque fue aprobado a las apuradas y sin debate público. Todavía no fue impreso en el boletín oficial. Lo que trascendieron son borradores que, efectivamente, limitan el derecho a la protesta y determinan también que se abran “vías rápidas y expeditivas» para arbitrar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con las comunidades originarias.
Para Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en provincias como Jujuy y también Salta, donde fue sancionada un ley que veda el derecho a manifestar, se prevé un aumento de la conflictividad con la expansión de actividades extractivas, lo que explicaría la falta de debate público y el apuro en la sanción de la reforma. Algunos de los puntos impulsados por Morales no avanzaron, como otorgar al gobernador que resulte electo la mitad más uno de la Legislatura.
El plan de lucha de la multisectorial que este martes sigue con un banderazo, va a continuar el miércoles con una nueva marcha en la capital provincial para llegar, el jueves, a una jornada que tendrá en su respaldo un paro nacional docente de la Ctera. Las comunidades de pueblos originarios aseguran que mantendrán los cortes de ruta y permanencias, hasta que la reforma de la Constitución sea derogada.
