La Comisión de Movilidad Previsional de legisladores y funcionarios decidió hoy convocar a especialistas previsionales y técnicos de la Oficina de Presupuesto y enviar un cuestionario a la Anses para tener toda la información necesaria y definir el nuevo sistema de actualización de las jubilaciones y pensiones para 2021.
Este grupo asesor, creado en la ley de Solidaridad Social, debe proponer un nuevo mecanismo de ajuste de las jubilaciones que reemplace a la movilidad sancionada en el gobierno de Mauricio Macri, que estableció que los haberes de la clase pasiva se actualizaban en base a un promedio de la inflación y el aumento de los sueldos.
En tanto, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social deberá tratar en los próximos días el proyecto de ley enviado por el gobierno para prorrogar hasta fin de año la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para definir los aumentos de las jubilaciones en septiembre y diciembre.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en los artículos 55 y 56, suspendió por 180 días la movilidad que había impulsado Macri y estableció la conformación de una comisión para analizar un nuevo sistema.
La Comisión de Movilidad Previsional decidió en la reunión, a través del sistema de videoconferencia, enviar un cuestionario a la Anses para que remita detalles sobre cantidad de jubilaciones, presupuesto del organismo y evolución de los aumentos otorgados en los últimos diez años, y luego empezar con un cronograma de expositores.
El diputado oficialista Marcelo Casaretto informó a Télam que «se giró a la Anses un cuestionario con preguntas acordadas entre los legisladores» y señaló que en el último tramo de la reunión participó la titular del organismo, Fernanda Raverta, quien «se comprometió a brindar la información» respectiva.
Sobre el cuestionario, el radical Alejandro Cacace dijo que se le pidió a Anses «establecer el stock y flujo anual de prestaciones de la seguridad social contributivas y no contributivas durante el periodo 2009-2019, de las prestaciones afectadas a la legislación de movilidad jubilatoria por las leyes 26.417 y 27.426».
También señaló que se pidió «un detalle de la ejecución presupuestaria del organismo a diciembre del año 2019 y de la evolución durante el período 2009-2019 de las fuentes de financiamiento» y que especifique los convenios de asistencia financiera a las cajas previsionales.
Casaretto señaló que se «aprobó el acta para incorporar el equipo de asesores de los legisladores y el cronograma de trabajo» con los especialistas que van a intervenir para aportar sus opiniones sobre la movilidad jubilatoria.
Añadió que las exposiciones comenzarán el próximo lunes con los técnicos de la Oficina de Presupuesto, y especialistas locales y luego lo harán técnicos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Oficina Europea de la Movilidad Social.
En ese sentido, Casaretto sostuvo que «el objetivo de la comisión es avanzar con solidez y seriedad para hacer una formula que responda a los intereses del los jubilados y a las posibilidad efectiva del gobierno de afrontar esos pagos».
Además puso de relieve además que «la intención del Ejecutivo es seguir mejorando la situación de los jubilados, especialmente los de menores ingresos».
